Salvador Jorge Blanco llegó a la Presidencia de la República Dominicana el 16 de agosto de 1982, tal vez sin haber calculado que las circunstancias lo llevarían a tomar medidas económicas que posteriormente provocaron que el pueblo que lo llevó al poder se revelara contra las decisiones que adoptó.
A pesar de que durante su campaña electoral había enarbolado la bandera de la socialdemocracia, en el mismo discurso de la toma de posesión se vio obligado a anunciar un período de austeridad para hacer frente a la crisis económica y financiera que encontró al asumir el poder.
Para el economista Guillermo Caram, la rigidez del Fondo Monetario Internacional le impidió a Jorge Blanco desarrollar un gobierno exitoso en materia económica, en tanto que para Arturo Martínez Moya el ex mandatario asumió el poder en condiciones muy precarias y eso lo limitó para ejercer un buen gobierno.
El incremento del precio del petróleo, las dificultades para mantener los niveles de venta en los mercados mineros de la bauxita, ferroníquel, oro y plata, y, sobre todo, la crisis del sector del azúcar de caña y sus derivados, sumados a una deuda externa de 2,400 millones de dólares, fueron parte de las dificultades que encontró su gobierno y que lo obligaron a adoptar medidas que disgustaron a la población.
De entrada dispuso medidas intervencionistas, como la congelación de los salarios y los precios, y la prohibición de importar un amplio número de productos de consumo, con el objeto de ahorrar divisas y poder cumplir con las obligaciones de la deuda externa e interna.
Como para obrar con el ejemplo, el entonces mandatario inició rebajándose su propio sueldo mensual de 5.000 a los 3.000 dólares, y los de todos los altos cargos del Ejecutivo que superaran los 375 dólares mediante la anulación de los aumentos salariales introducidos en la administración pública y organismos oficiales el mismo día de las elecciones; pero eso no fue suficiente para cubrir el pago de la deuda externa. La banca privada internacional se negaba a otorgar nuevos préstamos y a renegociar el pago de los intereses de los ya concedidos, por lo que el jefe de Estado optó por solicitar la asistencia crediticia del FMI, a sabiendas de que tendría que ajustarse a las disposiciones que el organismo le impusiera.
Las negociaciones terminaron en enero de 1983 con un Acuerdo de Servicio Ampliado por el monto de 460 millones de dólares.
A cambio de la asistencia del Fondo, bajo un sistema de giros escalonados durante tres años, el gobierno se comprometió a suprimir las subvenciones al consumo, restringir el crédito interno, suspender toda emisión monetaria sin el debido respaldo y prolongar la austeridad presupuestaria.
Las medidas provocaron el encarecimiento de los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, en algunos casos hasta 200%, como resultado de la devaluación del peso y la fijación para las importaciones del tipo de cambio de 2,75 pesos por dólar.
La situación desencadenó en una vasta protesta popular el 23 de abril de 1984, precisamente en momentos en que el Gobierno sostenía un forcejeo con el FMI por las condiciones que le había impuesto.
Hubo motines, paros laborales, saqueos de tiendas de alimentos y choques de manifestantes con la Policía Nacional en las principales ciudades del país.
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